Exdisidentes cubanos deshauciados en Alicante: `Queremos volver a #Cuba´

El País.- Guardar Gilberto Martínez, de 50 años, jamás pensó que en la tierra prometida, que pensaba que era España, no encontraría trabajo y que la Policía Nacional le echaría de su casa. Y este martes vivió el peor día de su vida, al ser desahuciado del hogar en el que vivía con su esposa, Ismara Sánchez de 43 años, sus dos hijas, una de 15 y otra de 22, y el niño pequeño de 8 años.

“A nosotros nos trajo el gobierno de Zapatero por mediación de la Iglesia cubana, porque Fidel Castro nos ofreció venir a España”, aseguró Martínez. Según explicó, les prometieron “una casa, trabajo y ayudas económicas durante cinco años, y ahora estoy sin nada”. El exiliado cubano concretó que recibía una ayuda de 400 euros mensuales de Cruz Roja para pagar el alquiler, y otros 595 euros del Gobierno para comprar comida y pagar gastos.

“Ahora no tenemos ayudas de ningún tipo, si me dicen en Cuba lo que pasaba en España me hubiera quedado allí”, dijo el padre desahuciado, que lleva dos años y dos meses en España, sin encontrar trabajo. “Yo solo pido ahora que me manden para Cuba”, demandaba entre sollozos. El padre de familia concluyó: “Nos trajeron engañados, estamos en la calle, hemos ido de un sitio a otro y lo único claro es que los políticos se tapan con la misma colcha, y no arreglan nada”.

La familia de Martínez ha estado recibiendo ayudas por parte del Gobierno, de Cruz Roja e incluso de Cáritas. Fuentes del obispado en Alicante explicaron que esta familia recibió comida, productos de limpieza y algo de dinero para gastos, “pero casas para ellos no tenemos”, admitieron. La madre, Ismara Sánchez, se lamentó de que no tiene ningún familiar ni allegado que pueda darles alojamiento a partir de ahora, y recordó que el pasado viernes los responsables del Patronato Municipal de la Vivienda les dijeron que “alguien de Cáritas” les llamaría, y “aún no han tenido ninguna noticia”.

Junto a ellos estaba otro amigo cubano, Juan Francisco Marimón que llegó a España también gracias a ese acuerdo de colaboración entre la Iglesia de Cuba y el Gobierno de José Rodríguez Zapatero que permitió acoger a 115 presos políticos y 650 familiares. En Alicante recalaron cinco familias, entre ellas la de Marimón, que recuerda que estaba condenado a siete años y medio de cárcel por el régimen cubano. “Nos acogimos a un fondo europeo para refugiados políticos, autorizado por Ginebra, entre nosotros también había algunos protegidos internacionales, pero cuando llegó el PP al poder nos quitaron todas las ayudas”, denunció este cubano que se siente “desatendido”.

Desde que está el PP, aseguró que solo le han concedido 1.000 euros para seis meses. “Nos han ido desahuciando porque acabaron con las ayudas y con eso nadie vive”, relató este refugiado. Según estas familias algunos se han ido a los Estado Unidos. “Nosotros no queremos irnos, tenemos abuelos aquí, conocemos la lengua, estamos a gusto, no hay violencia en la calle, pero el problema es que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, atizó la candela y nos dejó sin ayudas”, concluyó Marimón.

Los detenidos por un desahucio aceptan una condena para evitar la cárcel

El País.- Se librarán de la cárcel, pero por poco. Las tres personas implicadas en los disturbios que se registraron este martes en Alicante cuando miembros de la Plataforma Stop Desahucios y amigos de los afectados intentaron frenar un desalojo, por impago de alquiler, aceptaron este miércoles, durante la celebración de un juicio rápido, las penas de cárcel solicitadas por la fiscalía por atentados contra la autoridad. Los denunciados no entrarán en prisión porque las penas no superan los dos años.

La Policía Nacional denunció a una mujer cubana que amenazó a uno de los policías. A la mujer, que fue detenida y esposada en el acto, se le atribuye un delito de atentado contra la autoridad con agravante. A los dos hombres, uno de ellos el marido de la acusada, se les imputan sendos delitos de atentado contra la autoridad. Los tres son de nacionalidad cubana y amigos de la familia que fue desahuciada. Todos ellos son disidentes cubanos del régimen castrista, que llegaron a España en 2011, gracias a un acuerdo entre el Gobierno español y la Iglesia cubana.

La mujer aceptó dos años de cárcel, pena que queda suspendida durante dos años siempre que no cometa ningún otro delito, según detallaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Los tres acudieron al juzgado al ser citados por la Policía. La fiscalía solicitó una pena de tres años de cárcel para Idalmus Zayas, ya que durante el forcejeo entre los manifestantes y los policías se rompió un cristal de la puerta de la casa y, supuestamente, la detenida cogió un cristal roto con su mano y amenazó a un agente.

Los otros dos imputados son Juan Ventura e Iván Vargas, también cubanos, a los que el fiscal pedía un año de cárcel para cada uno de ellos. Tras declarar los policías y los acusados, la defensa optó por aceptar la pena para lograr una rebaja de la condena y evitar la cárcel, ya que ninguno de ellos tiene antecedentes penales.

Stop Desahucios cree doblemente “injusta” esta condena

“Nos conformamos porque entendemos que jugárnosla en un juicio no es lo más adecuado, hemos optado por conformarnos y solicitar la suspensión de la pena, ya que los tres acusados no tienen ningún tipo de antecedente penal, son personas que no tienen nada que ver con el mundo de la delincuencia y se han visto en esta tesitura por necesidad”, aseguró Francisco Moreno, abogado de los detenidos. El letrado, a la puerta de los juzgados de Benalúa, admitió que si no aceptaban la pena se abriría un juicio penal contra los tres que comportaría “un cierto riesgo para ella de ingresar en prisión por defender lo que creía justo”, dijo.

Por su lado, José María Copete, portavoz del Stop Desahucios, tildó de “excesiva” esta pena que confirma “una injusticia, sobre otra injusticia anterior, como es la pérdida de una casa”. Stop Desahucios en Alicante lamentó que las Administraciones Públicas no “busquen soluciones para evitar este tipo de situaciones, y continúen sin dar respuesta adecuada a estas familias necesitadas”.

Stop Desahucios recordó que el matrimonio condenado tiene fijada una orden de desahucio para el próximo 26 de mayo.

Durante toda la mañana un grupo de unas 30 personas, convocadas por la plataforma, se concentraron en las puertas de los juzgados de Alicante mientras estaban siendo juzgados los detenidos. A la salida gritaron a los encausados: No estáis solos, no estáis solos.

Copete recordó que, aunque muchos de los desahucios por hipotecas se están paralizando, los desalojos por impago del alquiler, como el de la familia desahuciada se continúan ejecutando. “Una persona que no puede pagar su alquiler tiene el mismo derecho a una vivienda digna que alguien que está afectado por la hipoteca”, aseguró.

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